Miguel Ángel Polo Santillán

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Bicentenario en medio de la pandemia. Un virus cuestionó el sistema de vida capitalista y no faltaron voces que afirmaban que ahora sí se avecinaba una nueva sociedad. Mas los meses siguientes trajeron abajo esa ilusión. Entre otras cosas, la corrupción política fue una de las primeras en adaptarse a las nuevas circunstancias. En abril del 2020, debido a la transferencia de dinero a las municipalidades, comenzaron las denuncias de actos de corrupción (1). Este año (2021) las denuncias no han cesado (2). Siglos de corrupción no desaparecen tan fácilmente. Entonces, ¿tenemos que recibir el bicentenario con corrupción política o todavía se puede hacer algo? Se pueden hacer muchas cosas, quizá la más importante sea radicalizar la democracia para hacer frente a la corrupción política.

Recordando una historia reciente

En marzo del 2018 salieron unos audios que provocaron la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Uno de los personajes decía: “Mira yo te voy a contar la verdad, así entre nosotros, ¿ya? ¿Sabes cuál es el negocio de los congresistas? Tú agarras a ver qué alcalde tienes ya, ok. Digamos el alcalde provincial, ya muy bien, cuánto es tu proyecto más caro, ya de 100 millones, ya ok, ya 10%, ya 5% nomás que te deje…5% nomás ya cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el Ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación, eso hacen los apristas, por ejemplo, me entiendes, eso hacen los humalistas, pucha la plata te llega así fresquita pues hermano, tú sin mover un dedo” (3). Y en el 2016, un exasesor del mismo expresidente mediaba para hacer ingresar a una clínica como proveedora del Sistema Integral de Salud. Entre las cosas que decía han quedado registradas estas palabras: “Ya sabe (…) ese negociazo, yo tengo la gente quien lo haga y los pacientes (…) Ya quiero empezar a trabajar. Esa es nuestra mina de oro. No sabes la cantidad de plata que vamos a ganar” (4). Este diálogo resume muy bien la percepción que los corruptos tienen del Estado, una mina de oro para saquear.

Una serie de investigaciones revelan la historia, los mecanismos, las causas, los efectos, las propuestas de solución, realizados por distinguidos académicos nacionales. No obstante, la corrupción continúa. Entre las diversas causas está el clientelismo que convive con la modernidad, generando redes de corrupción (mafias), que se han institucionalizado y normalizado. Una cultura de la corrupción oculta detrás de la formalidad del Estado y de los negocios. Sin embargo, son las consecuencias las que afectan a los países, como los costos económicos e institucionales, porque mantiene la pobreza e impide el desarrollo social, generando una cultura que desintegra el tejido cultural y legal. El historiador Alfonso Quiroz (2017) señala el “núcleo sistémico” que la define como “el abuso de los recursos públicos para beneficiar a una cuantas personas o grupos, a costa del progreso general público e institucional” (p. 30). Por eso, no se trata de un asunto legal solamente, sino de injusticia social, pues el dinero usado en los actos corruptos perjudica directamente —no indirectamente— al bienestar de los ciudadanos, especialmente de los sectores más pobres de nuestro país. Por eso, la lucha contra la corrupción debiera ser vista como una lucha contra las injusticias sociales.

Ahora bien, ¿tendremos que dejar este asunto a los políticos? Nosotros creemos que no, pues al estar en juego la viabilidad de la democracia, es algo que debiera interesarnos a todos los ciudadanos, llamados no solo a protestar, sino también a pensar este fenómeno y las salidas que podemos tener. Este llamado a la sociedad civil no es a enfrentarse a la política institucionalizada, sino a tener una mirada crítica a la propia cultura y prácticas sociales que no nos permiten ver salidas a este problema. Es un llamado a ampliar el sentido mismo de la política democrática, de tal forma que podamos sentirnos involucrarnos con los destinos de nuestra propia existencia colectiva.

Una tarea inmensa se abre en cara al bicentenario. Tendremos que plantearnos seriamente la pregunta: ¿Qué país queremos? Necesitamos un pacto social, donde estén presentes las diferentes voces del Perú, de lo contrario solo volveremos a maquillar este Perú oligárquico, donde unos pocos tienen poder y privilegios y luchan por mantenerse en las esferas del poder político y económico. Queremos un país para todos, no solo para algunos. ¿Estarán los políticos a la altura de deponer sus intereses privados y buscar acuerdos mínimos como país? ¿Serán los grupos dominantes capaces de tomar conciencia de que este país nos pertenece a todos y que todos tenemos la misma dignidad? ¿Estaremos los ciudadanos dispuestos a participar más activamente para darnos cuenta de que el problema no es solo de otros, sino también de nosotros? Creo que Edgar Montiel pone muy bien los grandes retos del país: “Al acercarnos al Bicentenario de la Independencia, el balance de doscientos años invita a reformar los principios de la República, actualizarlos sobre la base de la equidad en democracia, mejor control ciudadano del Estado, mayor protección del bien común, la forja de la ciudadanía intercultural y de una economía del saber. Todos y todas, como individuos y comunidad, estamos convocados a la reinvención del Perú.” (p. 108)

Radicalizar la democracia

Reiteramos, la pandemia no ha limitado los actos de corrupción, al contrario, ha sido ocasión para impulsarla. La codicia y la ignorancia pueden más que la atención a las necesidades de las personas más pobres. Sin embargo, antes que verlas como acciones de individuos egoístas, que también lo son, son acciones coordinadas con otros, pues este mal social ha establecido lazos y asociaciones. Por lo que el llamado a la ética personal, siendo necesario, es insuficiente. Requerimos pensar en las propuestas estructurales para luchar contra ella. Tanto los académicos, como los expertos en este tema, han estado formulando salidas no solo circunstanciales. Veamos algunas de ellas, que podríamos sintetizarlas en cinco.

  1. Reformar el Estado: una forma de desmontar la corrupción estatal es aplicar una serie de medidas para romper las redes de corrupción y favorecer la eficiencia del aparato estatal, para que pueda lograr sus fines últimos, como es el bienestar de la sociedad. Reorganizar ministerios, eliminar privilegios a los altos funcionarios, establecer metas que puedan ser supervisadas en su cumplimiento, sanciones políticas (además de las legales), capacitación obligatoria de los funcionarios públicos, concurso público anual para entrar en la administración pública, fortalecimiento de las escuelas de administración pública, etc. En realidad, la lista de cambios puede ser muy amplia, pero requerirá de escuchar a los estudiosos y aplicar las medidas estructurales que vayan en el bien de la sociedad.

  2. Formar una Comisión Especial de Expertos, conformada por distinguidos académicos, encargada de elaborar políticas específicas contra la corrupción, con un plazo determinado. Esta comisión debiera recoger las iniciativas de la sociedad civil, los partidos y movimientos políticos nacionales y locales, así como de organismos internacionales. No se trataría de una comisión de líderes de partidos políticos, sino de profesionales de trayectoria nacional e internacional, que pueden tener mejores perspectivas para decirnos el tipo de medidas que necesitamos. Esta mirada más imparcial puede permitirnos pensar el país de otras maneras.

  3. Generar medios efectivos de comunicación entre el Estado y los ciudadanos, para que estos últimos tengan acceso al control, supervisión, vigilancia y propuestas. Los funcionarios políticos, incluidos los políticos que acceden al poder por un período de tiempo, no deben olvidar los objetivos de su actividad, que es el administrar, el gestionar los bienes públicos, por lo que los ciudadanos, que requieren esos bienes, debieran tener los medios para la vigilancia. Si bien la transparencia de los funcionarios públicos es un deber reconocido en la Ley del Código de Ética de la Función Pública (N° 27815), todavía su efectivo cumplimiento no se deja sentir en los distintos niveles de la actividad estatal.

  4. Campañas de lucha contra la corrupción política, dirigida a funcionarios públicos, empresarios y ciudadanos, para que tomen conciencia sobre los tipos de actos que son considerados corruptos. Hablamos de corrupción, pero el ciudadano promedio no reconoce los diferentes delitos que entran en este término, por lo que efectivas campañas pueden permitir esclarecer y reconocer a los ciudadanos sobre estos delitos, así como saber qué hacer en esos casos. En esta tarea debiera haber una alianza entre el Estado y los medios de comunicación, para difundir y debatir sobre este tema de interés nacional.

  5. Promover un gran diálogo nacional sobre el tema de la corrupción política, que alcance a todos los sectores de la nación, desde colegios hasta universidades, desde municipalidades hasta gobiernos regionales, organizaciones gremiales y no gubernamentales, medios de comunicación, empresas, etc. Esta visibilización pública de la corrupción puede permitir que la ciudadanía reconozca la historia, los tipos, los mecanismos, los impactos en la economía, la cultura y el desarrollo nacional. Si bien la corrupción política y empresarial ofende la dignidad de los peruanos, necesitamos conversar abiertamente sobre sus causas, consecuencias y formas de luchar contra este mal social.

Y ¿a quién corresponde realizar estas propuestas? Como podemos inferir, a todos nosotros, pues lo que está en juego es el destino de nuestra convivencia en de esta sociedad llamada Perú. Sin embargo, aunque nos corresponde a todos, todavía sigue siendo importante el rol de los líderes sociales, políticos y empresariales en la dirección y el impulso en esta lucha. La razón está en que estos actores siguen teniendo diferentes grados de influencia y pueden promover esa transformación.

Se ha dicho que en nuestro país no existe, o existe débilmente, la sociedad civil. Aunque esto sea así, la lucha contra los males sociales, como la corrupción, la inequidad social, las diferentes formas de discriminación, puede generar y afirmar la ciudadanía. Así, luchando contra estas negatividades sociales podemos afirmar valores como la responsabilidad, la solidaridad, la confianza, la compasión, entre otros. Al final, la ética cívica puede salir ganando, si lo que nos anima es un país más justo.

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Notas:

  1. Véase: “Coronavirus en regiones: investigan malos manejos en canastas familiares y escasa ejecución de fondos”, en: https://ojo-publico.com/1748/covid-19-en-regiones-investigan-malos-manejos-en-entrega-de-canastas

  2. Véase: “Detectan falta de 6 mil unidades de productos farmacéuticos para tratamiento de COVID 19”, en: https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/prensa++/notas_de_prensa

  3. Diario La República, miércoles 21 de marzo del 2018. En: https://larepublica.pe/politica/1216340-poder-judicial-aprobo-impedimento-de-salida-del-pais-para-fredy-aragon/?outputType=amp

  4. Recuperado de: http://lucidez.pe/nacional/6-claves-para-entender-el-negociazo-de-carlos-moreno-exasesor-de-ppk/

Referencias:

MONTIEL, E. (2015). El poder ciudadano. Lima: UNMSM.

QUIROZ, A. W. (2017). Historia de la corrupción en el Perú. Lima: IEP-IDL.