FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS.

DECANATO

 

El martes 7 de marzo del presente, luego de una larga y tensa sesión del Consejo de Facultad (aproximadamente a las 8:30 p.m.), siete alumnos, entre los que había cuatro de las escuelas de Filosofía y de Literatura, y tres de la Facultad de Ciencias Sociales -como consta en las cámaras de seguridad de la Facultad-, tomaron el control de las rejas del Pabellón de Letras, bajo las banderas de “contratación docente”.

I

Pero este no fue un evento imprevisto. El día anterior (lunes 6 de marzo) recibimos en el despacho del Decano a un grupo de seis alumnos que se presentaban como dirigentes de los centros de estudiantes de Filosofía y Literatura. Desde tempranas horas de la tarde, se habían apostado en la entrada del Pabellón de Letras unos veinte estudiantes arengando consignas sobre la contratación inmediata de docentes mediante concurso público. En otro panel anónimo, se insultaba a algunos docentes con el epíteto de “mediocres”, sin ninguna sustentación; por ello, la Oficina de Imagen retiró ese panel que constituía un signo de violencia e intolerancia. Todo esto ocurrió cuatro días antes del primer día de la matrícula y dos semanas antes del inicio del ciclo académico 2017-I.

Se explicó a estos alumnos que su demanda era imposible de realizar en los plazos señalados. Se les propuso que en el curso de primer semestre se discutiera esta propuesta dentro de la normatividad vigente y se consultara con los estudiantes la mejor forma de velar por la transparencia  de los contratos docentes para el semestre 2017-II. Sin embargo, esta propuesta no convenció a dichos alumnos.

Ya que los estudiantes se encuentran al final del periodo vacacional, no se tenía ninguna garantía de que su demanda expresara el deseo de la población estudiantil, que ellos aseguraban representar. El tercio estudiantil no la había presentado formalmente hasta el momento en el Consejo de Facultad; el Centro Federado de Letras tampoco;  y no existía ningún acuerdo consensuado del conjunto de Comités de Gestión de todas las Escuelas.

Además, casi la totalidad de los Directores de Departamento y los Comités de Gestión de las Escuelas de Letras ya habían presentado al Decanato sus propuestas consensuadas de contratación por locación de servicios, con la sola excepción de la Escuela de Filosofía. Incluso el propio representante estudiantil de Filosofía admitió en la reunión, que ellos también habían presentado una propuesta aceptada por los docentes, pero que luego fue retirada por ellos mismos, sin mayor explicación.

Durante la sesión del Consejo de Facultad del jueves 7 de marzo -mucho antes de debatir el punto que habían propuesto- personal de seguridad avisó que en la puerta de la Facultad había un grupo de jóvenes con paneles y vigas de madera, uno de cuyos miembros venía perforándolos con un taladro eléctrico manual con el evidente objetivo de tapiar la entrada. Se le pidió expresamente al personal de seguridad que no hiciera nada, ni llamara refuerzos y solo grabara la escena para cualquier efecto de responsabilidad legal. Quedó claro que la decisión de tomar el Pabellón de Letras estaba acordada de antemano sin importar resultados del Consejo de Facultad.

II

Pero más allá de los hechos anecdóticos, las triquiñuelas políticas, los problemas de fondo que estos sucesos plantean son sumamente graves, pues muestran una visión insuficiente para examinar la situación actual, por lo menos en dos sentidos:

  1. La decisión de este grupo estudiantil, autodenominado “Aperturar”, que tomó el Pabellón de Letras hasta el jueves a las 7 p.m., es la de poner en el centro de la agenda del Consejo de Facultad y del movimiento estudiantil la bandera de la “Contratación docente”. Esta posición ejemplifica la esencia del modelo que Noam Chomsky denomina “Universidad Negocio”.

Las contrataciones temporales siempre existieron en la educación (y en la producción en general) como un factor marginal de la masa laboral, ya sea para trabajos especializados y eventuales o simplemente promocionales, o al inicio de la carrera docente como era el caso de los Jefes de Práctica.

Pero la generalización de esta forma laboral condujo a la precarización del trabajo docente, un trabajador angustiado por el día a día y al consecuente deterioro de todo pensamiento crítico. Empleados sin derechos sociales ni cobertura médica o estabilidad en el empleo, a fin de reducir costes laborales e incrementar el clientelismo y servilismo laboral respecto a los grupos de poder.

En el Perú, el desmantelamiento de la educación pública se remonta a los inicios aproximadamente al Decreto Ley 17437 de la Universidad Peruana del gobierno militar [1969] que se tradujo en tres medidas:

  1. El masivo retiro de los Centros de Investigación con financiamiento público de las universidades públicas para trasladarlos al aparato ministerial del Estado, donde se esterilizó y burocratizó toda la investigación existente.
  2. La masificación de la docencia contratada dedicada exclusivamente a la actividad lectiva con la precarización de las remuneraciones y el consecuente desmantelamiento de la carrera docente referido a indicadores académicos.
  3. El gobierno de la universidad quedó entonces en manos de pequeños grupos de poder político completamente ajeno a toda referencia a los méritos académicos que marcaba hasta entonces la carrera docente.

En la década de 1980 durante los gobiernos de  Fernando Belaunde Terry y el primer gobierno de Alan García, se redujeron todos los presupuestos del sector educación. El financiamiento de la educación que alcanzó a 455 dólares por estudiante en 1966, se redujo a 160 durante la década del 90.

La docencia en la universidad pública no solo se convirtió en una profesión mal pagada, sino pauperizada. Las líneas maestras para esa reforma educativa solo fueron una parte del “ajuste estructural” dictado por el denominado “Consenso de Washington” para América Latina.  

El punto más alto de este objetivo de desmantelar la Universidad Pública y promover la “Universidad Negocio” fue la promulgación del DECRETO LEGISLATIVO N° 882 (Ley de promoción de la inversión privada en la educación) de 1996 durante el gobierno fujimorista, y con la UNMSM intervenida con fuerzas militares. Este DL es el responsable de las universidades bamba y la distorsión de la investigación y la enseñanza. La reciente Ley Universitaria enfrenta los presupuestos y las bases de este modelo.

Si no somos capaces de entender el núcleo de sentido de la tendencia histórica que tenemos que revertir y por el contrario persistimos en expandir y perpetuar el sistema laboral de precarización de la universidad pública, es pura demagogia hablar de “calidad de la educación” o de la “centralidad de la investigación en la educación universitaria”. Y no tenemos la menor intención de convertirnos en cómplices de la perpetuación de este sistema fujimorista.

  1. 2. Uno de los elementos más importantes y esperanzadores de la actual Ley Universitaria es la elección de las autoridades más importantes y la participación estudiantil a todos los niveles de gestión, por voto universal y directo de estudiantes y docentes, acabando con el estamentalismo corporativo de origen feudal que en nuestras universidades públicas dio lugar al desarrollo incontenible de grupos políticos de poder que se “auto-perpetuaban” mediante un sistema de clientelaje y corrupción.

Parece sin embargo que los viejos grupos políticos de poder se resisten a desaparecer y pugnan por encaramarse en la gestión de la universidad; por ello, un  grupo estudiantil minoritario, toma violentamente la Facultad, para intentar convertirse en un interlocutor válido de los estudiantes sin pasar por el requisito de su elección por voto universal, desconociendo con su práctica la representatividad del Tercio Estudiantil, de los Comités de Gestión y del CFL, cuyo representantes son expresión libre de elecciones universales.

CONCLUSIÓN

  1. Se considera que la demanda de priorizar un sistema de “contratación docente por concurso público” (en lugar de promover la realización de concursos públicos de nombramiento) no es adecuada, pues está demostrado que solo sirve para perpetuar un sistema precario de empleo docente, que es una de las principales causas de la caída de la calidad de la educación y del abandono de todo pensamiento crítico.
  2. Casi la totalidad de las Escuelas de la FLCH (con la sola excepción de la Escuela de Filosofía) ya han enviado sus propuestas consensuadas para la contratación docente provisional por locación de servicios. Mientras nos centramos en la lucha por los concursos de nombramiento, podríamos discutir con tiempo suficiente cuáles serían los beneficios de la implementación de un concurso público de contratos. Que se explique en qué medida ello sería más beneficioso para los estudiantes. Estamos dispuestos a tener una próxima reunión pública sobre ello.
  3. Si la respuesta mayoritaria de estudiantes fuera favorable al grupo “Aperturar”, el Decano de Letras (e) no encontraría razón alguna para seguir en su cargo, no solo por vocación democrática, sino por el hecho de que no desea en modo alguno ser cómplice de esta restauración y perpetuación del sistema educativo instaurado por la dictadura fujimorista.
  4. La gestión actual no va a ceder en un punto fundamental de la actual ley Universitaria: el voto universal y directo, que pone fin al dominio absoluto de los grupos políticos de poder que se han instaurado durante los últimos cincuenta años en San Marcos y que la han llevado a su debacle académica. Se descalifican para el diálogo los grupos que insultan y se basan en la violencia y la intimidación para presentarse como interlocutores válidos. Aceptamos el diálogo y debate con todos, pero solo aceptamos buscar consensos con aquellas instancias que sean producto de elecciones democráticas.
  5. Estamos dispuestos al diálogo racional sobre la legítima preocupación de mejorar la enseñanza universitaria. Además, solicitamos una consulta democrática sobre estos problemas con las bases estudiantiles presentes en nuestro pabellón.

 

José Carlos Ballón

Decano (e) de la FLCH

Lima 10 de marzo de 2017

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